En los primeros años de la década de los 70 del siglo pasado, los italianos que vivían en Venezuela
se vieron afectados por una coyuntura político – legal que ocasionó la pérdida de su nacionalidad
por nacimiento. Que aun siendo en parte subsanada y corregida a una gran mayoría de los italianos residentes en Venezuela, todavía sigue generando consecuencias en una minoría, que los afecta al grado que, a pesar de que nacieron en Italia, de padre y madre italianos, no dispongan del derecho a la nacionalidad italiana y de los derechos y deberes que ello conlleva. Una fragrante injusticia, que colinda en una presunta violación de derechos humanos, ya que uno de los derechos fundamentales del ciudadano en el mundo, es disponer de la nacionalidad y de los documentos que lo certifiquen, según el lugar y nación de su nacimiento. Aproximadamente en 1975 en Venezuela por decreto presidencial emitido por el entonces presidente de la República Carlos Andres Perez, todo extranjero para ejercer el uso, goce, disfrute y disposición de una empresa (industria o Comercio) registrada en Venezuela, debía solicitar y recibir la nacionalidad venezolana por naturalización.

Este requisito obligatorio, tenía como espíritu fundamental promover la integración en la sociedad
y en el país de los extranjeros dedicados a la actividad productiva y comercial, mandato obligatorio del Estado venezolano, inspirado en las mejores intenciones integracionistas y sustentado en los intereses nacionales, pero a su vez generó serias consecuencias a los italianos que al recibir los beneficios que conllevaba la nacionalidad venezolana por naturalización, perdieron todos los beneficios de la nacionalidad italiana.

El estado italiano al no tener contemplada en su legislación vigente para la época, la doble nacionalidad, automáticamente le rescindía y/o anulaba la nacionalidad italiana, sin el debido proceso y la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa de sus intereses.
Por la gran cantidad de ciudadanos italianos perjudicados, por la gravedad de las consecuencias legales-sociales y por lo particular de la desnacionalización automática entre otros, los legisladores en Roma luego de varios años de acciones burocráticas, políticas y legales, subsanaron la situación permitiendo que los italianos “desitalianizados” pudieran solicitar, por medio de un procedimiento legal, que carreaba costos económicos, desplazamientos físicos (viajes desde las regiones a los consulados de Caracas o de Maracaibo) además de mucho tiempo y dedicación, recobrar su nacionalidad italiana.
Lo que se ocasionó de una forma inconsulta, expedita y automática, repito, sin el debido proceso en el cual el ciudadano italiano pudiera haber ejercido el derecho a la defensa de sus derechos contemplados en la Constitución Italiana y sus leyes, se subsanó por medio de un procedimiento legal que muchos por desconocimiento o imposibilidad por varias razones no pudieron realizar.
Actualmente muchos de estos “desitalianizados” ya fallecieron, heredando la situación legal a sus hijos y nietos, a los cuales se le imposibilita la solicitud de la nacionalidad italiana por descendencia según el principio de “ius sanguinis” Pero lo mas grave aun es la precaria situación que atraviesan los pocos “nonni e nonne” sobrevivientes, nacidos en Italia, de padres y abuelos italianos, que permanecen legalmente #desitalianizados” con las graves consecuencias que ello ocasiona.

Estoy completamente convencido que desde el punto de vista jurídico legal todo está ajustado a derecho y por lo tanto nada se puede hacer. Por lo tanto, mi llamado es a quien competa la posibilidad, apelando al espíritu humanitario y de solidaridad que caracteriza al “Italiano Vero” para activar un plan social efectivo, expedito y factible, que le permita y facilite a estos abuelos vivir sus años dorados como italianos legalmente reconocidos.
Que Dios ilumine y bendiga a quien se sume a esta noble y justa causa.

Giovanni Celano Minini
Director de relaciones institucionales de Nuova Piazza Italia