Con la experiencia de un común ciudadano que por necesidad y/u obligación durante años realizó tramites establecidos por “La Ley” ante las autoridades gubernamentales italianas en Venezuela, en particular las que ejercen en Caracas las funciones Consulares y Diplomáticas. Me resulta muy común que al plantearles a ellas posibles propuestas a los varios problemas que aquejan al ciudadano ítalo venezolano, que por la situación país resultan muchas, sorprende la contundencia y el elevado conocimiento de los funcionarios, afirmando que la supuesta solución no es viable porque “La Ley” no lo permite, y nosotros los simples ciudadanos al no ser eruditos en la materia y siendo respetuosos a “LA Ley” sin otra opción, de forma disciplinada aceptamos sin cuestionar.
De esta manera se acumulan los problemas, con sus efectos lacerantes en nuestra calidad de vida, y el sistema burocrático legal sigue operando sin que nadie aparentemente evalué si el costo (que pagamos al estado con la recaudación de impuestos) para mantenerlo funcionante sea proporcional a la magnitud de las soluciones alcanzadas para el ciudadano.
Ahora, escribiendo me acordé de varios casos, en especial el de Marilyn, nacida en Venezuela hija de Pietro nacido en Italia. Ella aun padeciendo desde varios años una grave enfermedad, decidió solicitar su nacionalidad italiana por el principio del “ius sanguinis”.
Ante la situación país, lo que aparentemente deberían ser procedimientos simples y expeditos, se transforman en largos, complejos y costosos tramites, que con todo y ello Marilyn logró completar según lo requerido por “La Ley”.
Aun debilitada por la lucha con su enfermedad logró consignar personalmente la carpeta contentiva de todos los documentos ante la oficina del Consulado. Atendida con la acostumbrada buena atención, por un funcionario consular, este con rigurosa experticia revisó documento por documento, que con sobrada demostración establecían que Pietro es italiano y Marilyn es su hija. Pero… y allí se complicó todo, en la acuciosa revisión en uno de los tantos documentos un funcionario venezolano, quizás por costumbre, escribió obviamente por error “Pietro Venezolano”.
La solicitud fue paralizada, de nada sirvió alegar que Pietro resulta en el consulado como italiano, que el Comune en Italia certificara su nacimiento en el municipio, Pietro hasta pensión italiana cobra. Ninguno de los lógicos argumentos atenuantes alegados, ni siquiera el humanitario, fueron considerados. Obviamente “La Ley” es la Ley.
Para Marilyn resultó devastadora la lapidaria respuesta del funcionario “La Ley establece…” tiene que corregir el error…
Era más que evidente que es un error de forma, un error involuntario del escribiente venezolano al redactar el documento. Todo se hubiera podido solucionar, si ante ese error de forma se priorizara el valor legal del acta de nacimiento de Pietro, anexa en la carpeta consignada, que lógicamente también reposa en los archivos del consulado, del ministerio y del Comune de nacimiento. Que prevaleciera el hecho de que Pietro cobra pensión italiana. Que Pietro es italiano y que un error de redacción no lo pusiera en duda.
De nada sirvieron las ya casi suplicas de Marilyn, que con una tristeza sin igual se retiró de la sede consular, ya sin recursos económicos, debilitada por su enfermedad y los más grave decepcionada por la contundencia con la cual “La Ley” no consideró el lado humano y la realidad que vivimos en Venezuela.
A los pocos meses me enteré que Marilyn perdió la larga batalla contra el cáncer sin cumplir su deseo de ser italiana como su papá.
Me pregunto con mucho respeto, ¿será que el cáncer y “la Ley” que sustentó la actuación del funcionario consular actuaron con la misma contundencia y sensibilidad? ¿”La Ley” es justa? ¿Se actuó con justicia? ¿Qué les espera a los hijos de Marilyn si decidieran solicitar la Nacionalidad Italiana?
