La relación entre Venezuela y Estados Unidos ha entrado en una fase sin precedentes tras los eventos críticos de enero de 2026. Lo que comenzó como una escalada militar de máxima presión ha derivado, en pocas semanas, en un complejo escenario donde la diplomacia de emergencia y los intereses petroleros intentan estabilizar una nación en plena transición política.
Tras la incursión estadounidense a principios de año, que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y el ascenso de Delcy Rodríguez a la jefatura del Estado en funciones, el panorama bilateral se mueve hoy en dos vías paralelas. Por un lado, la retórica del gobierno venezolano mantiene una denuncia firme ante lo que califica como una agresión a su soberanía; por el otro, el Palacio de Miraflores ha iniciado un proceso exploratorio para restablecer misiones diplomáticas con Washington, buscando aliviar la crisis.
El factor determinante en esta nueva etapa es, una vez más, el crudo. En febrero de 2026, Estados Unidos ha flexibilizado significativamente las sanciones, permitiendo que gigantes como Chevron y otras refinerías estadounidenses reanuden operaciones a gran escala. Este movimiento busca inyectar liquidez inmediata a la economía venezolana —con transacciones que ya superan los 300 millones de dólares— y asegurar un suministro estable para el mercado norteamericano, desplazando la influencia de actores como Rusia y China en la región.
Sin embargo, la normalización dista de ser un hecho. La presencia de la encargada de negocios de EE. UU., Laura Dogu, en Caracas, marca el inicio de un plan de tres etapas que Washington denomina como “estabilización, recuperación y transición democrática”. Mientras tanto, diversos sectores de la sociedad civil y organismos internacionales observan con cautela, advirtiendo que la estabilidad no debe construirse a costa de los derechos humanos o de la autonomía institucional del país.
El futuro de Venezuela depende ahora de un equilibrio precario: la necesidad urgente de financiamiento externo y reactivación económica frente a las demandas de justicia y soberanía. En este tablero de alta política, Caracas y Washington parecen haber comprendido que, más allá de las diferencias ideológicas irreconciliables, el pragmatismo energético es el único puente que, por ahora, mantiene a ambas naciones en la mesa de negociación.
