Mientras el Consenso se Reúne, el Hambre Camina
El contraste en la economía venezolana es hoy una bofetada a la lógica del trabajador. Para aumentar el ingreso mínimo mensual, el Estado invoca una burocracia interminable. Se instalan mesas técnicas, se anuncian simposios internacionales y se celebran encuentros tripartitos bajo la mirada de organismos extranjeros. El protocolo es la norma y la dilación es la estrategia. Se argumenta la necesidad de estudios profundos, de evaluar el impacto inflacionario y de alcanzar un consenso que parece nunca llegar.
Sin embargo, esta exigencia de “acuerdo mutuo” es un requisito selectivo. La realidad es distinta cuando se trata de otros sectores que golpean el bolsillo ciudadano.
El Aumento por Decreto Silencioso
A diferencia del salario, el costo de la vida no conoce de protocolos. El pasaje urbano sube tras una breve reunión de transportistas. Los servicios públicos, bajo gestión estatal, ajustan sus tarifas mediante gacetas o simples avisos en plataformas digitales. La canasta básica es el ejemplo más feroz: los precios ascienden cada mañana sin que medie un simposio ni una consulta popular.
En estos casos, el consenso no existe. No hay mesas de diálogo para el aumento de la electricidad, el aseo o el agua. Tampoco hay foros internacionales para justificar por qué los alimentos básicos duplican su valor en semanas. Aquí rige la celeridad administrativa y la ley del mercado, mientras que para el sueldo solo queda la retórica y la paciencia.
La Brecha de la Desigualdad
Es evidente que el protocolo funciona como un muro de contención para el salario, pero no para la inflación. La disparidad entre la velocidad de los precios y la lentitud de las decisiones laborales profundiza una crisis donde el trabajador es el único que espera por una firma. La excusa técnica se agota ante la evidencia de una economía que, para cobrar, es inmediata, pero para pagar, es eterna.
